Regulación de los peritos judiciales: en qué consiste

La regulación de los peritos judiciales puede resultar algo complicada, ya que no se trata de la misma manera que a otros colectivos. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que “Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratara de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.”

Sin embargo, el ejercicio de la actividad de los peritos judiciales enfrenta a las asociaciones privadas con los colegios profesionales, ya que estos últimos se consideran regulados por las titulaciones oficiales emitidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mientras que las primeras niegan dicha regulación de los peritos judiciales y se consideran discriminadas frente a procuradores y abogados.

Es decir, la actividad de los peritos no está regulada como colectivo de la misma manera que los abogados y procuradores. Por ello, el objetivo de las asociaciones privadas es conseguir una regulación de los peritos judiciales mediante una normativa legal que establezca el peritaje como una profesión liberal e independiente que contribuya al mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.

Por su parte, los colegios profesionales argumentan que la regulación de los peritos judiciales debería ir supeditada a titulaciones oficiales además de que, a su entender, las asociaciones privadas cuentan con un número muy inferior de socios que los colegios profesionales. Debido a que los peritos son especialistas en materias concretas (Medicina, Arquitectura, Ingeniería, Economía…) este colectivo argumenta que los peritos ya cuentan con colegios profesionales (cada uno el de su área) por lo que consideran que no es necesaria la creación de un colegio profesional que aúne a todos los peritos judiciales.

Y tú, ¿qué opinas? ¿cómo debería establecerse la regulación de los peritos judiciales?